El CERMI pide que se consideren las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la futura Ley de Salud Pública.

En un documento de propuestas. 


- Considera que “resulta imprescindible” que en la futura legislación haya una atención específica a sus necesidades en todas las acciones de salud pública


Madrid, julio de 2010.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de observaciones y sugerencias del sector social de la discapacidad al Anteproyecto de la Ley General de la Salud Pública, con el objetivo de que se consideren las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la futura Ley.

El texto considera que esta petición “resulta imprescindible” en la futura legislación ya que “las personas con discapacidad son usuarios del sistema de salud y han de obtener un trato atendiendo a su situación en cada caso y según su tipo y grado de discapacidad”. En este sentido, el CERMI pide que haya una atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad en todas las acciones de salud pública y, en particular, a mujeres y niños y niñas con discapacidad.

El CERMI también considera que el derecho a la información ha de ser plenamente accesible a las personas con discapacidad, atendiendo a las características de cada discapacidad, que puede dar lugar a necesidades diferentes y medios de accesibilidad también diversos.

Por otra parte, propone que debe añadirse la discapacidad entre los motivos de discriminación a los que hace referencia el anteproyecto de Ley, es decir, considera que la discapacidad debe incluirse en el derecho de los ciudadanos a la equidad efectiva de todas las intervenciones de la salud pública y prestación de servicios sanitarios, a fin de alcanzar una igualdad sin que pueda producirse discriminación, así como prestar una atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad.

En cuanto al respeto de la privacidad, el CERMI pide que se proteja la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, según obliga la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos sus Estados Partes.

El CERMI también destaca en su documento que se debe prestar a las personas con discapacidad una atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado.

Otra de las peticiones del CERMI es incluir la discapacidad entre las organizaciones receptoras de medidas de apoyo. En este sentido, pide que las administraciones sanitarias adopten medidas de apoyo a aquellas organizaciones y asociaciones directamente relacionadas con los grupos más desfavorecidos o discriminados en cuestiones de salud pública.

Además, el CERMI considera que la futura Ley General de Salud Pública “debe dar una prioridad a la lucha contra las enfermedades raras, desde el punto de vista de la prevención y detección precoz para reducir al máximo la aparición de estas nuevas discapacidades, así como el apoyo a las personas que lo presentan y sus familias, y la promoción de la salud de las personas con discapacidad, incluida la de la salud sexual y reproductiva.

También se propone que uno de los expertos del Comité Asesor en Salud Pública lo sea en materia de discapacidades y sea propuesto por el CERMI, así como en la Red de Expertos de Salud Pública. Además, la plataforma de la discapacidad considera que “es importante” que la formación contemple aspectos de la atención a las personas con discapacidad.

Otras propuestas

Entre las demás propuestas que plantea el CERMI, destacan la implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitaria, que garantice la continuidad de la atención y los cuidados que necesitan las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad. “Se caracterizaría por la priorización del enfoque preventivo, la garantía de derechos de los usuarios, orientación a las necesidades individuales, entre otros”, señala.

Así, el CERMI también hace referencia a que el Gobierno proceda “de inmediato” a la revisión y mejora de la cartera de servicios ortoprotésicos; y a la prohibición de la discriminación en los seguros de salud y vida a favor de las personas con discapacidad.

En este último aspecto que resalta el CERMI, se mantiene la idea de tener una información accesible, con el objetivo de que puedan acceder efectivamente a su contenido sin discriminaciones y en igualdad de condiciones; al mismo tiempo que se reivindica que las compañías aseguradoras deben estar obligadas a adoptar las medidas tendentes a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad.

“En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas y razonables”, concluye.